LEY N.º 7633/2026: REFORMA DE LA CAJA FISCAL PARAGUAYA, PUNTOS CLAVE Y PRINCIPALES CAMBIOS FRENTE AL RÉGIMEN ANTERIOR.

La Ley N.º 7633/2026, sancionada el 17 de marzo de 2026 y promulgada el 18 de marzo de 2026, establece nuevas reglas para el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido comúnmente como Caja Fiscal. Su objetivo declarado es introducir medidas de reforma para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y promover la equidad intergeneracional.

1. ¿Qué regula esta ley?

La nueva ley establece un marco general para el sistema jubilatorio y pensionario del sector público. El sistema queda administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

La norma alcanza tanto al programa contributivo civil como al no civil, incluyendo sectores como:

• Funcionarios públicos civiles.
• Magisterio Nacional.
• Docentes universitarios.
• Institutos de Educación Superior.
• Magistrados judiciales.
• Policía Nacional.
• Fuerzas Armadas.
• Otros regímenes especiales vinculados a la Caja Fiscal.

Uno de los puntos centrales de la ley es que busca diferenciar entre sectores superavitarios y deficitarios, aplicando reglas distintas según la situación financiera de cada sector.

2. Nuevas tasas de aporte

Uno de los cambios más importantes se encuentra en el artículo 4.º, que establece una tasa de aporte diferenciada:

Para los afiliados de sectores superavitarios, el aporte será del 16% de la remuneración imponible.

Para los afiliados de sectores deficitarios, el aporte será del 19% de la remuneración imponible.

Además, se establece un aporte del Estado, como contribución patronal, equivalente al 10% de la remuneración imponible de todos los afiliados de la Caja Fiscal.

Este es uno de los cambios más sensibles, porque aumenta la carga contributiva para determinados sectores considerados deficitarios.

3. Tope máximo de remuneración imponible

La ley introduce un límite a la remuneración sobre la cual se calcula el aporte. Para los funcionarios que perciban remuneraciones superiores a las previstas para el cargo de Contralor General de la República, la remuneración imponible estará limitada al monto equivalente a la remuneración total asignada a dicho cargo.

Esto significa que, aunque un funcionario perciba ingresos mayores, el cálculo del aporte previsional tendrá un techo legal.

4. Actualización anual de jubilaciones y pensiones

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones deberá actualizar anualmente las prestaciones previsionales conforme a la variación del salario mínimo legal vigente.

Sin embargo, la ley establece un límite importante: la actualización de cada beneficiario no podrá superar el equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente.

Este punto puede tener impacto directo en jubilados y pensionados, especialmente en contextos de inflación o aumento del costo de vida.

5. Incompatibilidad entre jubilación y pensión de heredero

La ley dispone que será incompatible percibir simultáneamente una jubilación o haber de retiro junto con una pensión de heredero dentro del sistema.

En caso de que una persona tenga derecho a ambos beneficios, deberá optar por uno de ellos. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones deberá informar los montos resultantes para que la persona pueda elegir.

No obstante, la norma aclara que esta incompatibilidad no afecta a quienes, al momento de entrar en vigencia la ley, ya percibían ambos beneficios legalmente.

6. Cómputo de aportes en diferentes sectores

La ley permite que los afiliados que hayan aportado sucesivamente a distintos regímenes o sectores puedan solicitar el reconocimiento proporcional de esos períodos.

Para acceder a esta acumulación, la persona deberá tener al menos 65 años de edad. El haber jubilatorio se determinará proporcionalmente, según los años aportados en cada régimen y la tasa de sustitución correspondiente.

Este cambio busca evitar que los años de aporte realizados en distintos sectores se pierdan o no sean considerados de manera adecuada.

7. Devolución de aportes

Los afiliados que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación podrán solicitar la devolución de sus aportes.

La ley establece una devolución equivalente al 90%, ajustada conforme a la variación del salario mínimo legal vigente.

Sin embargo, quedan exceptuados de este beneficio los afiliados pertenecientes a sectores deficitarios.

8. Cambios para docentes, magistrados, policías y militares

La ley contiene disposiciones sectoriales específicas.

Para el Magisterio Nacional, docentes universitarios, Institutos de Educación Superior y magistrados judiciales, se establecen nuevas reglas de jubilación ordinaria, con requisitos de edad y años de aporte, además de una tabla de tasas de sustitución.

Para el sector policial, se modifican artículos de la Ley N.º 7280/2024, estableciendo que oficiales y suboficiales tendrán derecho al haber de retiro al cumplir al menos 55 años de edad y acreditar un mínimo de 25 años de aportes.

Para las Fuerzas Armadas, se modifican artículos de la Ley N.º 1115/1997, incluyendo reglas sobre retiro, cálculo del haber de retiro, bonificaciones y situaciones particulares del personal militar.

9. Protección de derechos adquiridos

La ley diferencia claramente entre derechos adquiridos y meras expectativas.

Los jubilados, retirados, pensionados y afiliados que ya hubieran adquirido derechos conforme al régimen anterior conservarán esos derechos. La ley señala que no podrán ser desconocidos ni modificados en perjuicio de sus titulares.

En cambio, quienes aún no hubieran cumplido todos los requisitos para jubilarse quedan sujetos al nuevo régimen, salvo las excepciones o regímenes transitorios establecidos.

Este punto es fundamental porque intenta evitar conflictos constitucionales relacionados con la irretroactividad de la ley y la protección de situaciones jurídicas consolidadas.

10. Régimen de transición

La ley prevé reglas de transición para quienes ya estaban incorporados al sistema antes de su entrada en vigencia.

Quienes tengan derechos adquiridos podrán optar por mantenerse en el régimen anterior o acogerse al nuevo régimen si les resulta más conveniente.

En cambio, los nuevos afiliados y quienes solo tenían una mera expectativa quedan sujetos a las nuevas reglas.

11. ¿Qué cambia frente a la ley anterior?

La nueva Ley N.º 7633/2026 introduce varios cambios relevantes frente al régimen anterior, principalmente respecto de la Ley N.º 2345/2003 y otras normas especiales.

Los principales cambios son:

Primero, se derogan varios artículos de la Ley N.º 2345/2003, especialmente los artículos 1.º, 8.º, último párrafo del artículo 9.º, 13, 14, 16 y 21. Esto implica una reestructuración parcial del régimen general anterior de la Caja Fiscal.

Segundo, se sustituyen reglas especiales aplicables a magistrados judiciales, policías, militares y otros sectores públicos.

Tercero, se introduce una clasificación financiera entre sectores superavitarios y deficitarios, con efectos directos sobre el porcentaje de aporte.

Cuarto, se establece una tasa diferenciada de aporte: 16% para sectores superavitarios y 19% para deficitarios.

Quinto, se incorpora un límite anual a la actualización de beneficios previsionales, que no podrá superar el 25% del salario mínimo legal vigente.

Sexto, se refuerza la protección de derechos adquiridos, pero se aclara que las meras expectativas no quedan protegidas del mismo modo.

Séptimo, se modifican reglas de acumulación de aportes, jubilación proporcional y devolución de aportes.

Octavo, se derogan o modifican disposiciones de leyes vinculadas a Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Patrulla Caminera, Ministerio de Relaciones Exteriores y otros regímenes especiales.

12. Importancia práctica de la reforma

La reforma tiene una finalidad principalmente financiera: reducir desequilibrios dentro de la Caja Fiscal y ordenar los regímenes previsionales del sector público.

Desde el punto de vista jurídico, la ley intenta equilibrar tres intereses:

El interés del Estado en garantizar la sostenibilidad del sistema.

El interés de los afiliados activos en acceder a una jubilación futura.

El interés de jubilados y pensionados en conservar derechos ya consolidados.

Sin embargo, la aplicación práctica de la ley probablemente generará debates, especialmente en torno a la determinación de sectores deficitarios, el aumento de aportes, los derechos adquiridos, el alcance de los regímenes transitorios y la actualización limitada de las prestaciones.

Conclusión

La Ley N.º 7633/2026 representa una reforma relevante del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público paraguayo. No se limita a modificar porcentajes de aporte, sino que reorganiza criterios de acceso, cálculo, transición, acumulación de años de servicio, actualización de haberes y protección de derechos adquiridos.

Su impacto será distinto según el sector al que pertenezca cada afiliado. Para algunos, implicará mayores aportes; para otros, nuevas reglas de cálculo o condiciones de acceso. Para quienes ya tenían derechos consolidados, la ley reconoce una protección expresa.

En definitiva, se trata de una reforma de alto impacto jurídico, económico y social, cuyo verdadero alcance dependerá de la reglamentación del Poder Ejecutivo y de la forma en que la administración previsional interprete y aplique sus disposiciones.